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Postura de la FJC presentada en la Reunión Regional de la FMJD en América Latina

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La situación política y social en México en el periodo actual de la lucha de clases


El presente documento fue presentado por la FJC frente a las organizaciones políticas juveniles asistentes a la Reunión Regional de América Latina y el Caribe de la FMJD, efectuada el pasado 30 de julio en la Ciudad de México.

Actualmente México se encuentra atravesando una crisis política que se manifiesta en una crisis de ingobernabilidad y de cuestionamiento a los partidos electorales, dicha situación se deriva de la crisis económica de sobreproducción y sobreacumulación que sufre el sistema capitalista desde 2008.

Aunque dicha crisis tiene una carácter global ya que afectó a prácticamente todas la economías del mundo, en cada país asume características propias por las condiciones materiales particulares existentes. Por lo tanto, en la cuestión política (como reflejo y forma condensada de la económica) también mantiene características particulares, de este modo en México, la crisis económica asume formas nacionales a pesar de que su contenido sea mundial.

A continuación se mencionan las particularidades de esta crisis política en México:

Por un lado tenemos el aumento de los conflictos inter-burgueses debido al aumento de la competividad en el mercado. Dicho conflicto se observa con particular fuerza en el mercado de la droga, donde debido a las características propias de este negocio (la ilegalidad, y la utilización de las armas para resolver los conflictos) han provocado un clima de violencia generalizada que no se veía desde el Porfiriato. Dentro de esta lucha entre los diversos monopolios de la droga mexicanos, se encuentran los hechos violentos (bloqueos, incendios, balaceras) del 1° de Mayo en Guadalajara, 10 y 24 de mayo en Reynosa y Tampico, Tamaulipas, y la reciente “fuga” del Chapo Guzman.

Así mismo, el paquete de reformas aprobadas por el Pacto por México (una coalición de los principales partido políticos: PRI, PAN y PRD) principalmente durante el mandato del actual presidente Enrique Peña Nieto, consiste en el ataque más brutal contra los derechos de los trabajadores de los últimos años. Dentro de este paquete de reformas podemos mencionar la Reforma Laboral, hacendaria, energética y educativa. Pese a que éstas reformas ya fueron aprobadas los conflictos interburguéses, por un lado, y la lucha de clases por otro han hecho tropezar su aplicación. Por ejemplo, la competencia por las licitaciones en Pemex, entre grandes monopolios mexicanos y españoles, principalmente, con sus representantes políticos (Morena-PRD, PRI, PAN) han dificultado el avance de la reforma energética. De igual forma la reforma educativa ha sido el terreno de lucha más agudo, donde este año se avizora una nueva ofensiva del Estado, y que se materializa en la militarización del estado de Oaxaca, la campaña de desprestigio y acoso paramilitar, y el ataque financiero al magisterio.

 

Sin embargo, esta serie de reformas ha generado descontento en diversos sectores de la población que ven que estas medidas son un intento de la burguesía para mantener sus ganancias, incluso a costa de la inmensa mayoría de la población. Actualmente dos grandes sectores se han estado movilizando: los maestros contra de la reforma educativa, principalmente en la región centro y sur del país; y el personal médico (enfermeras, médicos). Sin embargo, se prevé que próximamente el sector petrolero se movilizará pese a las férreas cadenas del sindicato charro. Todos estos son ejemplos de amplias capas de la clase obrera que se movilizan en contra de las desvalorización de su fuerza de trabajo y la oposición a la pérdida de derechos laborales, sociales, de acceso a servicios públicos.

Sin embargo el problema que se mantiene hasta ahora es que no se ha logrado una articulación de las distintas manifestaciones y no existe una frente revolucionario que pueda aglutinar a estos sectores y pasar del ámbito meramente defensivo. Durante el año pasado y principios de este, tanto la Asamblea Nacional Popular como la Convención Nacional Popular, intentaron cumplir este papel, y en ella el Partido Comunista de México y la FJC tuvieron un amplio y reconocido papel; sin embargo, luego de la represión aguda en Guerrero y la incidencia del oportunismo, el espacio ha perdido fuerza.

Es importante señalar la utilización de grupos militares y paramilitares que operan al margen de la ley con respaldo del Estado, que copiando el modelo colombiano con la asesoría del general Oscar Naranjo, se encargan de contener (sin importar los medios) el creciente descontento popular.

En este contexto que se inscribió el asesinato contra tres militantes del Partido Comunista de México, Miguel Solano, Samuel Vargas y Raymundo Velázquez, éste último el secretario general en el estado de Guerrero, en agosto del 2013. En ese momento el Partido Comunista responsabilizó a los tres niveles del gobierno como los responsables intelectuales de dicho acto.

Es importante mencionar que la mayor parte de las fuerzas militares y paramilitares operan en conjunto con el narcotráfico, en muchas casos funcionando como una fuerza que defiende a los grandes sicarios y narcotraficantes. El narcotráfico como fenómeno social no puede entenderse si no se comprende así mismo que económicamente no es más que otro negocio capitalista, con la salvedad que utiliza las armas para acabar con la competencia.

Es por esto que desde septiembre del 2014 el Partido Comunista de México previó que iba a haber un aumento en los conflictos interclasistas que vio su desencadenante en la desaparición forzada a los 43 normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La crisis electoral como resultado de este nuevo periodo de insubordinación popular abierto por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es muestra de la descomposición del sistema político en México. El estado se vio en la necesidad utilizar todos los medios a su alcance para intentar garantizar las elecciones, llegando incluso a emplear la violencia para mantener su “democracia”.

Hasta ahora la lucha de clases en México ha tenido dos momentos importantes; uno en los meses de noviembre y diciembre del 2014 y en mayo junio del 2015. Este último momento tuvo su raíz en las movilizaciones y manifestaciones en todo el país dentro de la jornada de rechazo y cuestionamiento a las elecciones y el sistema político-electoral en México.

Dentro del marco de la insumisión popular, el último pico de la lucha de clases fue en torno a las elecciones intermedias de julio de este año. En estas elecciones, el movimiento popular y revolucionario organizado en la Asamblea Nacional Popular decidió aplicar la táctica de boicot a las elecciones allí donde fuese posible, y abstención y movilizaciones en los demás lugares. Por su parte, la nueva socialdemocracia de MORENA y el oportunismo, le apostaron a las elecciones, sirviendo al igual que en otros países como en Grecia con Syriza o España con Podemos, para intentar amortiguar la lucha de clases. Por su parte los viejos partidos socialdemócratas, los “partidos de izquierda” no han hecho más que hundirse: el PT perdió el registro y el PRD perdió importantes posiciones en el DF. Los resultados fueron una enorme abstención en todo el país, aproximadamente del 64%, pero que en diferentes estados llego a más del 80% y tan sólo en 3 fue menor al 40%. Los días previos fueron días de bastantes confrontaciones en varios estados, en Guerrero el saldo fue 1 profesor asesinado y cientos de heridos, mientras que en Oaxaca, el movimiento magisterial y popular logró replegar en varios municipios a la policía y al ejército. Por su parte MORENA, sólo avanzó desbancando al PRD en el DF; y sus llamados a los padres de los desaparecidos y a los maestros a que renunciaran a su lucha fue totalmente rechazado.

Sin embargo en los últimos días en Estado ha vuelto a desarrollar una ofensiva brutal contra las organizaciones populares y revolucionarias: en Ostula, Michoacán, elementos del ejército y la marina dispararon contra los habitantes desarmados de ese poblado asesinando a dos niños de 12 y 6 años y a un anciano de 60 años, en este pueblo la comunidad había organizado policías comunitarias para defenderse del narcotráfico de la región. En Chilpancingo, Guerrero, transportistas de la COSTEG (grupo de choque del PRI) atacó a transportistas de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), quienes junto a los maestros de la CETEG y al PCM mantienen un plantón en el zócalo del estado demandando la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, desde Octubre del año pasado.

Así mismo, normalistas de Morelia, Michoacán tuvieron un enfrentamiento con la policía y elementos antimotines, los estudiantes protestaban demandando el pago de más de 870 becas por su Servicio Social y prácticas y en contra de la Reforma Educativa. Mientras tanto en Oaxaca, el gobierno estatal desaparece el instituto de los maestros de la región, el IEEPO; por esto y en el marco de lucha nacional contra la Reforma Educativa, los maestros de la sección 22 de la SNTE mantienen constantes movilizaciones a pesar de la llegada de más de 20 mil policías federales al estado.

Finalmente el ataque más reciente del Estado contra el movimiento revolucionaria, es la desaparición forzada del dirigente del Partido Comunista de México en la región de Tamaulipas y candidato a miembro del Comité Central, Enrique López Gutiérrez. El camarada fue secuestra por un grupo armado que irrumpió violentamente en su casa la noche del sábado 18 de julio. Enrique López es un destacado dirigente sindical miembro de la Federación de Trabajadores Independientes (FTI), activista en el movimiento popular con comerciantes a través del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) y también apoyaba al movimiento juvenil luchando por bajar las cuotas de inscripción en la universidad pública de Tamaulipas.

Frente a esto, la Federación de Jóvenes Comunistas reitera que México está atravesando por un periodo nuevo periodo en la lucha de clases, caracterizado por un aumento en la insumisión popular resultado de las medidas económicas y políticas aplicadas por el Estado para defender los intereses de los monopolios y la burguesía.