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La reforma en telecomunicacione representa el fortalecimiento de quienes verdaderamente están al mando del país, los grupos empresariales

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La tan aplaudida reforma de telecomunicaciones, al servicio de los monopolios.



Por Laura Quintero.

El viernes 22 de marzo fue aprobada, en lo general, la reforma en materia de telecomunicaciones, la misma que desde sus inicios fue tan aplaudida tanto por los partidos políticos burgueses como por los intelectuales orgánicos que cumplen bien con la función que se les ha asignado, legitimar las políticas del gobierno en curso.

Bajo la premisa de fomentar la competencia y mejorar el servicio y los contenidos en materia de telecomunicaciones, principalmente en el ámbito televisivo, esta reforma tuvo a bien ofrecer la licitación de dos nuevas cadenas de televisión particulares y una del estado, asegurar así la pluralidad y la competencia a favor del público. Pero lo que verdaderamente representa la reforma es una lucha de intereses entre Emilio Azcárraga y Carlos Slim.

Esto de fomentar la competencia y evitar las prácticas monopólicas no es más que retórica, pues como bien se sabe Televisa es la cadena más grande en el país, y si bien es cierto se darán dos nuevas concesiones, éstas no afectan en lo más mínimo a la cadena ya existente. Ya que el criterio de 50% para definir agentes económicos preponderantes tiene un trasfondo completamente político, que parece haber sido formulado con la intención de afectar intereses específicos: los negocios de Carlos Slim, mientras que las empresas televisivas existentes (Televisa y Tv Azteca) quedarían intactas.

En pocas palabras la reforma beneficia fundamentalmente a Televisa, ya que además de no afectar los servicios con los que ahora cuenta le ofrece la posibilidad de acceder a un nuevo, jugoso y mucho más grande mercado que el de la televisión misma: el mercado de telefonía e internet.

De los contenidos, nadie habló, puesto que no importa si existen cinco o diez cadenas televisivas más, todas producirán la misma basura. Y para tomar ventaja y hacer alarde de la “democratización”, el gobierno, nada ingenuo, propone la creación de un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no será más que un instrumento de control político y administrativo sobre los participantes en el mercado, que a su vez, como una cierta preponderancia en la conformación de los nuevos órganos reguladores propuestos, estará a cargo del otorgamiento de las nuevas concesiones de televisión abierta.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones es una reforma más que es impuesta por el poder político, pero que detrás de sí subyace el poder económico que le dicta y ordena cómo y cuándo hacer las cosas al sistema político nacional, es fácil  ver que los beneficios y las ganancias serán sólo para ellos.

No es como tanto se anunció, una propuesta incluyente que respondía a las necesidades de las audiencias. Al contrario de esto excluye a todos los sectores que no son parte del gremio empresarial, pues de manera cínica y retrograda excluyó a las comunidades indígenas por ser una ‘fuente de subversión’, según ellos.

Hoy una vez más el poder de los monopolios se impone, la tan aplaudida reforma fue creada bajo una estrategia política que generó un “consenso” anunciando con bombo y platillo que era lo que México estaba esperando, al final esta reforma no es ni democrática, ni plural y mucho menos ofrecerá contenidos de calidad. Al contrario, la reforma en telecomunicaciones representa el fortalecimiento de quienes verdaderamente están al mando del país, los grupos empresariales, al tiempo en que estos se encargan de la reproducción de las relaciones de  clase a través de los medios de información.